La puesta en marcha del Sistema Dominicano de la Seguridad Social beneficiará a los periodistas dominicanos, quienes desde la fundación del CDP cuentan un Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP).
Este IPPP ha jugado precariamente su papel, de acuerdo a los ingresos que recibe y a la percepción de sus dirigentes de turno, a favor de la clase periodista dominicana.
Cuando fue aprobada la Ley 87-01, creíamos que ésta afectaría la vida institucional y funcional del IPPP, pero luego de múltiples estudios, reuniones, consultas a especialistas en la materia, nos dimos cuenta que en lugar de afectar el rol jugado por el IPPP, lo ha convertido en una oportunidad de desarrollo y crecimiento de los objetivos de la institución, es decir, podrá llegar más allá de sus posibilidades.
El IPPP es quien tiene a cargo la seguridad social de los periodistas dominicanos, de los cuales cuenta con el 80 por ciento de los ingresos que recibe el CDP por concepto del pago de publicidad de los medios de comunicación, una seguridad social, que por falta de recursos, no ha podido beneficiar ni a un 10 por ciento de su membresía, convirtiéndose en un privilegio, por que tiene capacidad para brindar el servicio al 100% de sus miembros, como lo establece la ley 10-91.
Este privilegio, aclaro que no ha sido de sus dirigentes, a penas tiene 228 miembros en un seguro médico, 36 pensiones-ayudas de $2000 pesos mensuales a igual número de periodistas a nivel nacional, mientras la membresía del CDP ronda los 3000 periodistas.
Además el IPPP otorga ayudas ocasionales a colegas, que han solicitado de la solidaridad de la institución para resolver problemas personales o familiares, especialmente en salud, que lo han hecho todas sus directivas.
Ahora bien, después de la seguridad social qué pasa con el IPPP. Creo que es la oportunidad para que sus actuales directivos logren potencial las acciones que mandan tanto las leyes 10-91 y 87-01 de la Seguridad Social, que sacaría los periodistas del Seguro Médico, principal actividad del IPPP y es dónde se invierten la mayor cantidad de recursos que recibe la institución.
Ahora bien, con los recursos que se economizaría el IPPP del Seguro Médico, qué va a hacer el Consejo de Administración del IPPP, qué ha hecho, cuales son los programas o proyectos que tiene a favor de los periodistas?.
Somos de opinión que los actuales directivos deberían retomar las iniciativas y propuestas hecha desde la gestión 2001-2003, de la cual fui tesorero junto a Luzón y que coincidió con la ley 87-01 de la Seguridad Social y más concretamente en la 2003-2005 como presidente, de los programas complementarios de Salud; de Asistencia Social; de Pensiones u Ayudas Fijas o Temporales por edad o enfermedad; de Educación; de Viviendas (construcción o reparación), entre otros.
Ahora bien estos programas deben hacerse, según la ley, bajo un estudio y una programación en el tiempo, de manera que llegue a la mayoría de los periodistas. Se cree reglamento, para que en el futuro no fracase por cambio de directiva o por razones de políticas gremiales a lo interno del CDP.
He propuesto la unidad, y la reitero nuevamente, en torno al diseño de una política macro, con la participación de diversos sectores a lo interno del CDP, para la ejecución de estos y otros programas o iniciativas y puedan desarrollarse independientemente de quien dirija la institución, pero que vayan en beneficio de la mayoría de los periodistas, específicamente de los más necesitados y envejecientes.
Lamentablemente estas propuestas antes señaladas, la del censo nacional de los periodistas y un Estudio Actuarial, contemplado en la ley 87-01, para la puesta en marcha de los programas sugeridos por técnicos especialistas en seguridad social, fueron paralizados en septiembre 2005, mientras el logo está al acecho y espero no sea tarde y no se tomen decisiones precipitadas, por la carencia de conocimientos.
Los periodistas tenemos que saber cual es la situación del IPPP frente a la seguridad social y cómo ha sido tratado el tema en el actual Consejo de Administración que dirige el IPPP.
jueves, 19 de abril de 2007
miércoles, 18 de abril de 2007
Camara cuentas recibirá apoyo Contraloria NY
La Contraloría General de la ciudad de Nueva York y la Cámara de Cuentas de la República, en las personas de sus titulares, William C. Thompson y Andrés Terrero, iniciaron el proceso de concertación de un convenio de cooperación entre ambas entidades para ser firmado en los próximos días, como resultado de una solicitud de colaboración hecha por este ultimo al primero durante un encuentro entre ambos funcionarios, en la urbe newyorkina.
Con dicho convenio se prevé un programa de asesoría de la Oficina del Contralor de la ciudad de Nueva York a la Cámara de Cuentas de la República, en materia de capacitación a auditores, donación de equipos de informática y software especializado para auditores, así como la creación de un programa de pasantes para auditores de la institución, para que en adición a la capacitación y entrenamiento que reciban puedan hacer su pasantía en la Oficina del Contralor de la Ciudad de Nueva York.
La primera fase del proceso para la concertación de dicho convenio de cooperación bilateral tuvo sus inicios con una reunión de hora y media entre Thompson y Terrero, durante una visita que recientemente girara el titular de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana al despacho del primero, en Nueva York.
El Contralor de Nueva York es el funcionario electo de mayor jerarquía, después del Alcalde, y tiene como misión asegurar la salud financiera de la ciudad mediante la asesoría a la Alcaldía, así como a la Sala Capitular y al público sobre las condiciones financieras del Estado.
También, tiene como función realizar auditorias a las entidades públicas y privadas que reciben fondos de la ciudad y a las organizaciones que operan sus negocios en instalaciones que son propiedad estatal.
El Contralor William C. Thompson, Jr., fue electo al cargo en el año 2001 y reelecto para un segundo mandato de 4 años en el 2005, que inició en enero del año 2006.
Con dicho convenio se prevé un programa de asesoría de la Oficina del Contralor de la ciudad de Nueva York a la Cámara de Cuentas de la República, en materia de capacitación a auditores, donación de equipos de informática y software especializado para auditores, así como la creación de un programa de pasantes para auditores de la institución, para que en adición a la capacitación y entrenamiento que reciban puedan hacer su pasantía en la Oficina del Contralor de la Ciudad de Nueva York.
La primera fase del proceso para la concertación de dicho convenio de cooperación bilateral tuvo sus inicios con una reunión de hora y media entre Thompson y Terrero, durante una visita que recientemente girara el titular de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana al despacho del primero, en Nueva York.
El Contralor de Nueva York es el funcionario electo de mayor jerarquía, después del Alcalde, y tiene como misión asegurar la salud financiera de la ciudad mediante la asesoría a la Alcaldía, así como a la Sala Capitular y al público sobre las condiciones financieras del Estado.
También, tiene como función realizar auditorias a las entidades públicas y privadas que reciben fondos de la ciudad y a las organizaciones que operan sus negocios en instalaciones que son propiedad estatal.
El Contralor William C. Thompson, Jr., fue electo al cargo en el año 2001 y reelecto para un segundo mandato de 4 años en el 2005, que inició en enero del año 2006.
jueves, 12 de abril de 2007
Fracasará las pensiones de la Seguridad Social en RD
Nota:
Este documento lo tomé de Revista 110, de Juan Alfonseca, lo ha tratado con mucha independencia, es muy bueno y creo de interes que pueden leerlo entero, a pesar de ser extenso, es importante e imprimirlo para la historia. LO comparto y creo que tenemos que luchar por una pensión justa al final de nuestros días.
EL FRACASO DE LAS AFP
Juan Alfonseca
Ver todos los artículos por Juan Alfonseca EL FRACASO DE LAS AFP
LA BAJA RENTABILIDAD DE LOS FONDOS DE PENSIONES AMENAZA EL SISTEMA
Si el espíritu de la ley 87-01 de Seguridad Social era procurar una pensión decente al empleado envejeciente, el sistema ha fracasado. Para entenderlo basta una ecuación sencilla, pues la pensión "justa" es el resultado de la cuenta de capitalización individual del afiliado, más los intereses generados.
Es la rentabilidad el elemento decisivo para poder recibir la pensión más atractiva posible. De lo contrario, lo único seguro es una pensión miserable.
Resulta, sin embargo, que la rentabilidad del Fondo de Pensiones está derrumbándose sonoramente, pero no se oye, porque los intereses envueltos y la suntuosidad de las dependencias encargadas de supervisar el sistema, ahogan en el silencio el progresivo descalabro.
Son los mismos informes de la Superintendencia de pensiones los que muestran la alarmante caída de la rentabilidad de los fondos de los afiliados.
En marzo del 2004 la rentabilidad del fondo se estableció en 25.9%
En septiembre de 2004 desciende a 23.2
En junio del 2005 cae a 19.9
Diciembre del 2005 se coloca en 17.0
En diciembre de 2006 desciende a 11.5
Se argumenta que la curva es similar a la tasa de interés pasivo de la banca, pero la explicacion no es lo importante, sino sus efectos en la calidad de pensión, pues la tendencia a la baja de la rentabilidad continuará a medida que siga acumulándose el capital del Fondo de Pensiones y la pregunta que muchos se hacen es: ¿qué ocurrirá cuando no se encuentre colocación para tanto dinero porque la banca no sabrá qué hacer con él?
Un grupo de siete empresas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), manejan la fabulosa suma de RD$35,000 millones, sin recibir reclamos ni exigencias de los que aportan los recursos y nadie se ha preguntado sobre la constitucionalidad de una ley, como la 87-01, que obliga al empleado al ahorro forzoso en un negocio privado, pues
como señala el informe del Banco Mundial:
"Los trabajadores aparentemente no consideran que los fondos de pensiones existentes sean más atractivos que otros medios alternativos".
En otras palabras, por qué la ley obliga a depositar en una cuenta si en otro lugar daría intereses más atractivos.
Aunque el futuro del régimen de pensiones marcha en medio de incertidumbres para el empleado afiliado, para las AFPs la ganancia fácil está garantizada, pues no está ligada a la rentabilidad del afiliado sino a la comisión fija del 0.5% de cada cotización. Así, en solo tres años, las AFPs, han tenido ganancias extraordinarias.
Al 31 de diciembre del 2006, las AFPs han recibido comisiones por valor de RD$1,317.9 millones.
Para entender mejor el problema de la caída de la rentabilidad en perjuicio del afiliado, pongamos un ejemplo:
Si la rentabilidad cae al mìnimo establecido de un 6%, una persona con sueldo de RD$20,000 al mes, que cumple con las 360 cotizaciones mensuales (30 años) durante su vida laboral, al momento del retiro, tendrá acumulada en su cuenta la suma de aproximadamente a RD$1,100,000. Esta cantidad será distribuida en 324 cuotas que les serán pagadas durante 27 años. Si es que vive tanto, disfrutará de una pensión de 3,400 pesos mensuales.
A esto hay que agregar la inflación acumulada en el tiempo que reducirá sensiblemente el poder adquisitivo de la moneda.
Obsérvese que para el caso citado, se ha partido de lo que podría llamarse un cotizante "ideal", o sea, el que en nuestro difícil medio laboral, logró la hazaña de haber trabajado durante 30 años.
Este es un punto que tiene muy claro el Banco Mundial, uno de los principales impulsores del sistema privado de jubilación, que presionó a muchos gobiernos por su implantación, pero que reconoce ahora su error en un informe sobre el Fracaso de las AFPs, realizado por los expertos Indermitt Gil, Juan Yermo y Truman Packard, quienes establecen que:
"El sistema privado de jubilación no está funcionando bien en Latinoamérica".
Es precisamente por la dificultad de cumplir con 360 cotizaciones que el Banco Mundial cuestiona los programas de este tipo declarando que:
"La mayoría están diseñados para trabajadores con dedicación plena y sin interrupciones en su carrera, lo cual no refleja la experiencia de la mayoría".
Otra consideración que priva al trabajador de una buena pensión, es que lo acumulado en su cuenta personal se distribuye en pagos mensuales durante 27 años. Aquí, de nuevo nos tropezamos con otra situación de poca probabilidad, pues si el promedio de vida del dominicano es de 66,7 años, solo una parte de los jubilados vivirá hasta los 87 años para disfrutar a plenitud de su pensión.
Esto quiere decir que en el Fondo de Pensiones se irán acumulando gradualmente cuentas sin reclamar cuyo destino no está del todo claro, pues los beneficiarios o herederos del afiliado podrían ignorar el derecho que tienen a hacerlo. Según una encuesta de Gallup aunque el 71.7% de los trabajadores sabe que en el país existe un sistema de seguridad social, muestran un bajo conocimiento respecto a su participación en el esquema de pensiones y los beneficios que otorga.
Las posibilidades de que el Fondo de Pensiones quede abarrotado de cuentas sin reclamar son muchas.
· Familiares de pensionados fallecidos que ignoran el derecho a reclamar.
· Familiares de pensionados fallecidos que emigraron o se desvincularon.
· Pensionados fallecidos sin herederos
· Afiliados que fallecieron antes de jubilarse.
· Afiliados que se retiraron de la vida laboral para dedicarse a los negocios, casarse o emigrar.
· Afiliados que prefirieron no jubilarse a pesar de cumplir con los requisitos de cotizaciones y edad, por lo dura que son las exigencias para reclamar la pensión por vejez, como lo establece la ley 87-01.
La AFP deberá solicitar a la Tesorería de la Seguridad Social una certificación en la que se indique que el afiliado está cesante desde los 3 meses anteriores a la fecha de su solicitud
Esto quiere decir, que en un país donde el sueldo no alcanza, el empleado que esté dispuesto a pensionarse, primero tiene que quedarse en el aire, renunciar a su empleo y esperar un proceso de meses en la indigencia, pues la ley se ha encargado de cerrarle el paso a la subsistencia durante el periodo de reclamación, cuando establece en su artículo 58:
El derecho a pensión por vejez, discapacidad y sobreviviencia del régimen contributivo liberan al empleador de la compensación establecida por el código de trabajo, ley 16-92, por concepto de cesantía de jubilación o retiro
Fuetes del CNSS han dicho que esto último no se ha establecido aún, pero lo cierto es que la ley es la ley.
Es obvio que ante la inseguridad que le imponen, el empleado opta por posponer la jubilación. Mientras tanto, sigue cotizando y su dinero secuestrado. Parecería que eso precisamente es lo que persigue la ley: favorecer a las AFPs reteniendo al máximo los fondos de los afiliados y poniéndolos a trabajar hasta la muerte.
Esto último no es una exageración. Léase boletín No. 14 del SIPEN y no encontrará UN SOLO pensionado por vejez.
"Hasta el 31 de diciembre de 2006, el sistema previsional ha beneficiado a 138 afiliados con el otorgamiento de una pensión de discapacidad y 1,604 personas han recibido pensiones de sobrevivencia de 546 afiliados fallecidos".
Debe aclararse que los pagos de estas pensiones no salen de la cuenta de capitalización individual del afiliado, sino de un fondo de discapacidad y sobrevivencia, para el cual el trabajador aporta el 1.0%. El boletín No. 14 del SIPEN informa sobre el estado de este fondo.
Al 31 de diciembre de 2006 el fondo para la cobertura del Seguro de Discapacidad y Sobrevivencia es de RD$2,609,600,000.
A cuatro años de instalarse el sistema deberían aparecer muchos pensionados en los boletines. Al estudiar el gráfico del SIPEN, vemos que cerca del 5% de los afiliados han cumplido los 60 años y que por tener mas de 45 años al inicio del sistema, caen en la categoría de "ingreso tardío", por lo cual, mediante resolución 242-05 pueden pensionarse y recibir todo el dinero en su cuenta.
Sorprende, sin embargo, estudiando las tablas del SIPEN, que cerca de 10,000 afiliados ya están en edad de pensionarse, pero el boletín de diciembre no señala uno solo. Es posible que algunos hayan muerto y que sean sus beneficiarios los que aparezcan en las pensiones de sobrevivencia citadas, aunque pocas, pues no es fácil que los familiares reciban pensión por este concepto, porque de nuevo, la ley pone obstáculos a los sobrevivientes. En su artículo 52, se consigna que el sobreviviente pierde el derecho a pensión:
b) Por el cumplimiento de 18 años de edad, sin son hijos solteros no estudiantes; y
c) Por el cumplimiento de 21 años de edad, en el caso de hijos solteros estudiantes.
Resulta más que lógico, que un pensionado con mas de 60 años tenga hijos por encima de esa edad. Parecería que la ley debió hablar más bien de nietos.
Lo cierto es que a causa de la redacción de la ley, los obstáculos para pensionarse y por la ignorancia en reclamar de beneficiarios y sobrevivientes, será incalculable la cantidad de dinero secuestrada bajo el predicamento de que las cuentas personales son intocables. Pero proporcionalmente, será igual la ambición de echarle mano a ese dineral. Ya las AFPs "picaron adelante" con una ley que favorece fondos secuestrados bajo su tutela generando intereses a perpetuidad. Pero de seguro será una Cueva de Sésamo a la que muchos querrán entrar… comenzando por el gobierno.
SOLIDARIDAD
Todos han oído del plan Solidaridad del gobierno, casualmente con el mismo nombre del de la Seguridad Social… y con los mismos fines:
El capítulo III de la ley, en su artículo 63 dice que se establece una pensión solidaria en beneficio de la población discapacitada, desempleada e indigente, como parte de una política general tendente a reducir los niveles de pobreza.
Este es un punto muy delicado y conflictivo, pues el fondo de Solidaridad que forma parte del régimen contributivo subsidiado de la Seguridad Social, se nutre de las costillas de los empleados, pues el 0.4% de lo que se descuenta al trabajador va a parar al Fondo de Solidaridad.
Al 31 de diciembre, el fondo de Solidaridad tiene acumulada la fabulosa suma RD$1,724.2 millones
Este dinero no se ha tocado, pero sí es bueno destacar que hay una cierta promiscuidad de planes, pues el gobierno ha creado el SIUBEN (Sistema único de ubicación de beneficiarios) para establecer un registro de quiénes podrían acogerse a su plan de ayuda y resulta que el Sistema de Seguridad Social ha declarado que piensa acogerse al mismo.
El plan de Solidaridad del gobierno, se alega, tiene sus propios fondos para no tocar el de la Seguridad Social. Parece que se está en proceso de eso y si acaso así ocurriera, el gobierno estaría sacando de los bolsillos de los trabajadores los recursos que necesita para atender su responsabilidad social.
Pero talvez el gobierno no necesita de ese fondo, pues mes tras mes se acumulan en las cuentas no reclamadas inmensos valores. Aunque se alega que la cuenta de capitalización individual es intocable, podría presentarse una interpretación de la ley aprovechable por el gobierno para apoderarse de los fondos no reclamados. En particular el artículo 20, letra "a" de la ley 87-01 establece que entre las partidas de las cuales el gobierno recabaría dinero para su plan social SOLIDARIDAD está el patrimonio sin herederos. Óigase bien, patrimonio sin herederos. Bastaría un arreglito a la ley para que los fondos de estos patrimonios sin herederos, es decir, cuentas de afiliados sin reclamar, sean transferidos del fondo de pensiones hacia alguna cuenta del gobierno central.
EL GOBIERNO
De todos modos, ya el gobierno ha mostrado su disposición apoderarse del Fondo de Pensiones. En su alocución del 27 de febrero antes el Congreso, el presidente de la República anunció como de interés nacional el inicio del programa Nacional de Construcción de Viviendas, para el cual se tomaría el Fondo de Pensiones para beneficiar a 6,300 familias de ingresos medios y bajos de santo Domingo y Santiago. Esto quiere decir, se pone en hombros del trabajador la carga de financiar los planes habitacionales que son responsabilidad del Estado y cuyo destino podrìa ser francamente clientelista, pues no son los afiliados los beneficiarios de estas viviendas. De esta manera, tendremos un grupo social que se beneficiará de inmediato de los recursos que aportan los afiliados para las pensiones que recibirán a largo plazo.
Esto significa, que con fines proselitistas, el gobierno descapitalizará el Fondo de Pensiones cuyos recursos serán recuperados en plazos de 30 años.
En cuanto a los fondos secuestrados sin reclamar, no solo no es el gobierno el único que se los disputaría las AFPs. De seguro entrará en escena el crimen organizado.
LA MAFIA
Nadie puede dudar que se van a formar sofisticadas mafias para robarse los inmensos tesoros atrapados en el Fondo de Pensiones. De fraudes en pensiones estamos cansados y de cédulas falsas también, entre otros documentos. Veremos aparecer los "machetes hereditarios" porque serán mas rentables que los de viaje. No es lo mismo RD$80,000 para documentos de viaje falsos que RD$1,000,000 perdido en tierra de nadie.
Supongamos que un afiliado muere dejando en su cuenta el millón mencionado y no hay reclamaciones. Alguien enquistado en la Seguridad Social le "sopla" a un contacto el caso. Entonces aparece un joven, con acta de nacimiento, cédula y todo requisito que demuestren, falsamente, que es hijo del difunto, acogiéndose al artículo 51 de la ley 87-01, que establece:
A falta de beneficiarios (hijos menores de 18 años) el saldo de la cuenta se entregará en su totalidad a los herederos legales del afiliado.
Esto es sólo un ejemplo. Las posibilidades de fraude son inmensas pues la mentalidad criminal de cuello blanco (o negro) es muy creativa para descubrir nuevos métodos. Puede pensarse que esto es una utopía pero… el tiempo dirá.
Un proyecto de Seguridad Social, debió procurar un justo equilibrio entre los intereses envueltos, pero la ley parece haber sido redactada por las AFPs, con un paternalismo muy conveniente para ellas.
La pregunta es, ¿por cuál razón se puso el retiro forzoso como condición para pensionarse?, ¿por qué no podía el empleado al llegar a los 60 años recibir su pensión, como ingreso adicional si no quería retirarse de la vida laboral? La respuesta es sencilla: si la pensión se otorga sin retiro, los fondos son liberados y cesan las cotizaciones, mientras que en el sistema actual, para no quedarse "halando aire" el empleado debe seguir trabajando y cotizando hasta morirse.
Otra muestra de paternalismo interesado es la forma de pensión. No se permite, como en otros países, la opción del empleado de recibir la totalidad de su cuenta, de suerte que pueda iniciar un negocio propio, depositarlo a plazo fijo, certificados bancarios u otra forma de especulación. Se alega con maternal argumento que se quiere evitar que dilapide su futuro… y que el Fondo de Pensiones pierda ese dinero. Es decir, que obligatoriamente debe aceptarse una pensión en 324 cuotas mensuales. Esto facilita que el pensionado muera sin agotar su cuenta y el saldo pendiente quede represado en el Fondo de Pensiones.
Otro elemento de control de la cuenta de capitalización del afiliado ha sido no permitirle que señale un beneficiario en caso de muerte, como ocurre cuando se abre una cuenta en un banco. De esta manera, se coarta el derecho del afiliado de dejarle su dinero a quien le dé la gana, sea un amigo íntimo, un pariente o una organización caritativa. En un sistema que funciona en base a reclamaciones, es una amenaza que alguien sepa que es beneficiario de una cuenta que puede reclamar… y retirar esos fondos que se desean mantener secuestrados.
El sistema de Seguridad Social de la República Dominicana podría calificarse como La Danza de los Millones… miles de millones por doquier. Su supervisión está a cargo de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) mantenida con el 0.1% de los aportes de los cotizantes.
Al 31 de diciembre del 2006 el SIPEN ha manejado la generosa suma de RD$317.7 millones
Con estos recursos el SIPEN se mandó a reconstruir un edificio, ricamente decorado en el marco de la mayor suntuosidad y, claro está, con jugosísimos salarios. Un opulento montaje para velar por lo que bien pudieran ser pensiones miserables, como lo señala el informe del Banco Mundial cuando dice que:
"El fantasma de una vejez sumida en la miseria se cierne sobre millones de personas que, de seguir operando el actual régimen previsional, se verán enfrentadas a vivir en la extrema pobreza en su ancianidad".
El problema principal es que la ley de Seguridad Social es ignorada en sus alcances por las generaciones de jóvenes trabajadores que no están pensando en el futuro, porque están más preocupados por las necesidades inmediatas.
Es una pena que el trabajador dominicano, en su conjunto, desconozca el informe del Banco Mundial cuando dice que:
"El sistema de capitalización individual con aportes obligatorios no está ofreciendo los beneficios que se ofrecían a los afiliados… debería ser eliminado gradualmente".
Hasta aquí nuestra advertencia a la que posiblemente pocos prestarán atención, por ahora. Pero una cosa es segura: "cuando saquen al muerto es cuando se van a oír los gritos".
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Este documento lo tomé de Revista 110, de Juan Alfonseca, lo ha tratado con mucha independencia, es muy bueno y creo de interes que pueden leerlo entero, a pesar de ser extenso, es importante e imprimirlo para la historia. LO comparto y creo que tenemos que luchar por una pensión justa al final de nuestros días.
EL FRACASO DE LAS AFP
Juan Alfonseca
Ver todos los artículos por Juan Alfonseca EL FRACASO DE LAS AFP
LA BAJA RENTABILIDAD DE LOS FONDOS DE PENSIONES AMENAZA EL SISTEMA
Si el espíritu de la ley 87-01 de Seguridad Social era procurar una pensión decente al empleado envejeciente, el sistema ha fracasado. Para entenderlo basta una ecuación sencilla, pues la pensión "justa" es el resultado de la cuenta de capitalización individual del afiliado, más los intereses generados.
Es la rentabilidad el elemento decisivo para poder recibir la pensión más atractiva posible. De lo contrario, lo único seguro es una pensión miserable.
Resulta, sin embargo, que la rentabilidad del Fondo de Pensiones está derrumbándose sonoramente, pero no se oye, porque los intereses envueltos y la suntuosidad de las dependencias encargadas de supervisar el sistema, ahogan en el silencio el progresivo descalabro.
Son los mismos informes de la Superintendencia de pensiones los que muestran la alarmante caída de la rentabilidad de los fondos de los afiliados.
En marzo del 2004 la rentabilidad del fondo se estableció en 25.9%
En septiembre de 2004 desciende a 23.2
En junio del 2005 cae a 19.9
Diciembre del 2005 se coloca en 17.0
En diciembre de 2006 desciende a 11.5
Se argumenta que la curva es similar a la tasa de interés pasivo de la banca, pero la explicacion no es lo importante, sino sus efectos en la calidad de pensión, pues la tendencia a la baja de la rentabilidad continuará a medida que siga acumulándose el capital del Fondo de Pensiones y la pregunta que muchos se hacen es: ¿qué ocurrirá cuando no se encuentre colocación para tanto dinero porque la banca no sabrá qué hacer con él?
Un grupo de siete empresas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), manejan la fabulosa suma de RD$35,000 millones, sin recibir reclamos ni exigencias de los que aportan los recursos y nadie se ha preguntado sobre la constitucionalidad de una ley, como la 87-01, que obliga al empleado al ahorro forzoso en un negocio privado, pues
como señala el informe del Banco Mundial:
"Los trabajadores aparentemente no consideran que los fondos de pensiones existentes sean más atractivos que otros medios alternativos".
En otras palabras, por qué la ley obliga a depositar en una cuenta si en otro lugar daría intereses más atractivos.
Aunque el futuro del régimen de pensiones marcha en medio de incertidumbres para el empleado afiliado, para las AFPs la ganancia fácil está garantizada, pues no está ligada a la rentabilidad del afiliado sino a la comisión fija del 0.5% de cada cotización. Así, en solo tres años, las AFPs, han tenido ganancias extraordinarias.
Al 31 de diciembre del 2006, las AFPs han recibido comisiones por valor de RD$1,317.9 millones.
Para entender mejor el problema de la caída de la rentabilidad en perjuicio del afiliado, pongamos un ejemplo:
Si la rentabilidad cae al mìnimo establecido de un 6%, una persona con sueldo de RD$20,000 al mes, que cumple con las 360 cotizaciones mensuales (30 años) durante su vida laboral, al momento del retiro, tendrá acumulada en su cuenta la suma de aproximadamente a RD$1,100,000. Esta cantidad será distribuida en 324 cuotas que les serán pagadas durante 27 años. Si es que vive tanto, disfrutará de una pensión de 3,400 pesos mensuales.
A esto hay que agregar la inflación acumulada en el tiempo que reducirá sensiblemente el poder adquisitivo de la moneda.
Obsérvese que para el caso citado, se ha partido de lo que podría llamarse un cotizante "ideal", o sea, el que en nuestro difícil medio laboral, logró la hazaña de haber trabajado durante 30 años.
Este es un punto que tiene muy claro el Banco Mundial, uno de los principales impulsores del sistema privado de jubilación, que presionó a muchos gobiernos por su implantación, pero que reconoce ahora su error en un informe sobre el Fracaso de las AFPs, realizado por los expertos Indermitt Gil, Juan Yermo y Truman Packard, quienes establecen que:
"El sistema privado de jubilación no está funcionando bien en Latinoamérica".
Es precisamente por la dificultad de cumplir con 360 cotizaciones que el Banco Mundial cuestiona los programas de este tipo declarando que:
"La mayoría están diseñados para trabajadores con dedicación plena y sin interrupciones en su carrera, lo cual no refleja la experiencia de la mayoría".
Otra consideración que priva al trabajador de una buena pensión, es que lo acumulado en su cuenta personal se distribuye en pagos mensuales durante 27 años. Aquí, de nuevo nos tropezamos con otra situación de poca probabilidad, pues si el promedio de vida del dominicano es de 66,7 años, solo una parte de los jubilados vivirá hasta los 87 años para disfrutar a plenitud de su pensión.
Esto quiere decir que en el Fondo de Pensiones se irán acumulando gradualmente cuentas sin reclamar cuyo destino no está del todo claro, pues los beneficiarios o herederos del afiliado podrían ignorar el derecho que tienen a hacerlo. Según una encuesta de Gallup aunque el 71.7% de los trabajadores sabe que en el país existe un sistema de seguridad social, muestran un bajo conocimiento respecto a su participación en el esquema de pensiones y los beneficios que otorga.
Las posibilidades de que el Fondo de Pensiones quede abarrotado de cuentas sin reclamar son muchas.
· Familiares de pensionados fallecidos que ignoran el derecho a reclamar.
· Familiares de pensionados fallecidos que emigraron o se desvincularon.
· Pensionados fallecidos sin herederos
· Afiliados que fallecieron antes de jubilarse.
· Afiliados que se retiraron de la vida laboral para dedicarse a los negocios, casarse o emigrar.
· Afiliados que prefirieron no jubilarse a pesar de cumplir con los requisitos de cotizaciones y edad, por lo dura que son las exigencias para reclamar la pensión por vejez, como lo establece la ley 87-01.
La AFP deberá solicitar a la Tesorería de la Seguridad Social una certificación en la que se indique que el afiliado está cesante desde los 3 meses anteriores a la fecha de su solicitud
Esto quiere decir, que en un país donde el sueldo no alcanza, el empleado que esté dispuesto a pensionarse, primero tiene que quedarse en el aire, renunciar a su empleo y esperar un proceso de meses en la indigencia, pues la ley se ha encargado de cerrarle el paso a la subsistencia durante el periodo de reclamación, cuando establece en su artículo 58:
El derecho a pensión por vejez, discapacidad y sobreviviencia del régimen contributivo liberan al empleador de la compensación establecida por el código de trabajo, ley 16-92, por concepto de cesantía de jubilación o retiro
Fuetes del CNSS han dicho que esto último no se ha establecido aún, pero lo cierto es que la ley es la ley.
Es obvio que ante la inseguridad que le imponen, el empleado opta por posponer la jubilación. Mientras tanto, sigue cotizando y su dinero secuestrado. Parecería que eso precisamente es lo que persigue la ley: favorecer a las AFPs reteniendo al máximo los fondos de los afiliados y poniéndolos a trabajar hasta la muerte.
Esto último no es una exageración. Léase boletín No. 14 del SIPEN y no encontrará UN SOLO pensionado por vejez.
"Hasta el 31 de diciembre de 2006, el sistema previsional ha beneficiado a 138 afiliados con el otorgamiento de una pensión de discapacidad y 1,604 personas han recibido pensiones de sobrevivencia de 546 afiliados fallecidos".
Debe aclararse que los pagos de estas pensiones no salen de la cuenta de capitalización individual del afiliado, sino de un fondo de discapacidad y sobrevivencia, para el cual el trabajador aporta el 1.0%. El boletín No. 14 del SIPEN informa sobre el estado de este fondo.
Al 31 de diciembre de 2006 el fondo para la cobertura del Seguro de Discapacidad y Sobrevivencia es de RD$2,609,600,000.
A cuatro años de instalarse el sistema deberían aparecer muchos pensionados en los boletines. Al estudiar el gráfico del SIPEN, vemos que cerca del 5% de los afiliados han cumplido los 60 años y que por tener mas de 45 años al inicio del sistema, caen en la categoría de "ingreso tardío", por lo cual, mediante resolución 242-05 pueden pensionarse y recibir todo el dinero en su cuenta.
Sorprende, sin embargo, estudiando las tablas del SIPEN, que cerca de 10,000 afiliados ya están en edad de pensionarse, pero el boletín de diciembre no señala uno solo. Es posible que algunos hayan muerto y que sean sus beneficiarios los que aparezcan en las pensiones de sobrevivencia citadas, aunque pocas, pues no es fácil que los familiares reciban pensión por este concepto, porque de nuevo, la ley pone obstáculos a los sobrevivientes. En su artículo 52, se consigna que el sobreviviente pierde el derecho a pensión:
b) Por el cumplimiento de 18 años de edad, sin son hijos solteros no estudiantes; y
c) Por el cumplimiento de 21 años de edad, en el caso de hijos solteros estudiantes.
Resulta más que lógico, que un pensionado con mas de 60 años tenga hijos por encima de esa edad. Parecería que la ley debió hablar más bien de nietos.
Lo cierto es que a causa de la redacción de la ley, los obstáculos para pensionarse y por la ignorancia en reclamar de beneficiarios y sobrevivientes, será incalculable la cantidad de dinero secuestrada bajo el predicamento de que las cuentas personales son intocables. Pero proporcionalmente, será igual la ambición de echarle mano a ese dineral. Ya las AFPs "picaron adelante" con una ley que favorece fondos secuestrados bajo su tutela generando intereses a perpetuidad. Pero de seguro será una Cueva de Sésamo a la que muchos querrán entrar… comenzando por el gobierno.
SOLIDARIDAD
Todos han oído del plan Solidaridad del gobierno, casualmente con el mismo nombre del de la Seguridad Social… y con los mismos fines:
El capítulo III de la ley, en su artículo 63 dice que se establece una pensión solidaria en beneficio de la población discapacitada, desempleada e indigente, como parte de una política general tendente a reducir los niveles de pobreza.
Este es un punto muy delicado y conflictivo, pues el fondo de Solidaridad que forma parte del régimen contributivo subsidiado de la Seguridad Social, se nutre de las costillas de los empleados, pues el 0.4% de lo que se descuenta al trabajador va a parar al Fondo de Solidaridad.
Al 31 de diciembre, el fondo de Solidaridad tiene acumulada la fabulosa suma RD$1,724.2 millones
Este dinero no se ha tocado, pero sí es bueno destacar que hay una cierta promiscuidad de planes, pues el gobierno ha creado el SIUBEN (Sistema único de ubicación de beneficiarios) para establecer un registro de quiénes podrían acogerse a su plan de ayuda y resulta que el Sistema de Seguridad Social ha declarado que piensa acogerse al mismo.
El plan de Solidaridad del gobierno, se alega, tiene sus propios fondos para no tocar el de la Seguridad Social. Parece que se está en proceso de eso y si acaso así ocurriera, el gobierno estaría sacando de los bolsillos de los trabajadores los recursos que necesita para atender su responsabilidad social.
Pero talvez el gobierno no necesita de ese fondo, pues mes tras mes se acumulan en las cuentas no reclamadas inmensos valores. Aunque se alega que la cuenta de capitalización individual es intocable, podría presentarse una interpretación de la ley aprovechable por el gobierno para apoderarse de los fondos no reclamados. En particular el artículo 20, letra "a" de la ley 87-01 establece que entre las partidas de las cuales el gobierno recabaría dinero para su plan social SOLIDARIDAD está el patrimonio sin herederos. Óigase bien, patrimonio sin herederos. Bastaría un arreglito a la ley para que los fondos de estos patrimonios sin herederos, es decir, cuentas de afiliados sin reclamar, sean transferidos del fondo de pensiones hacia alguna cuenta del gobierno central.
EL GOBIERNO
De todos modos, ya el gobierno ha mostrado su disposición apoderarse del Fondo de Pensiones. En su alocución del 27 de febrero antes el Congreso, el presidente de la República anunció como de interés nacional el inicio del programa Nacional de Construcción de Viviendas, para el cual se tomaría el Fondo de Pensiones para beneficiar a 6,300 familias de ingresos medios y bajos de santo Domingo y Santiago. Esto quiere decir, se pone en hombros del trabajador la carga de financiar los planes habitacionales que son responsabilidad del Estado y cuyo destino podrìa ser francamente clientelista, pues no son los afiliados los beneficiarios de estas viviendas. De esta manera, tendremos un grupo social que se beneficiará de inmediato de los recursos que aportan los afiliados para las pensiones que recibirán a largo plazo.
Esto significa, que con fines proselitistas, el gobierno descapitalizará el Fondo de Pensiones cuyos recursos serán recuperados en plazos de 30 años.
En cuanto a los fondos secuestrados sin reclamar, no solo no es el gobierno el único que se los disputaría las AFPs. De seguro entrará en escena el crimen organizado.
LA MAFIA
Nadie puede dudar que se van a formar sofisticadas mafias para robarse los inmensos tesoros atrapados en el Fondo de Pensiones. De fraudes en pensiones estamos cansados y de cédulas falsas también, entre otros documentos. Veremos aparecer los "machetes hereditarios" porque serán mas rentables que los de viaje. No es lo mismo RD$80,000 para documentos de viaje falsos que RD$1,000,000 perdido en tierra de nadie.
Supongamos que un afiliado muere dejando en su cuenta el millón mencionado y no hay reclamaciones. Alguien enquistado en la Seguridad Social le "sopla" a un contacto el caso. Entonces aparece un joven, con acta de nacimiento, cédula y todo requisito que demuestren, falsamente, que es hijo del difunto, acogiéndose al artículo 51 de la ley 87-01, que establece:
A falta de beneficiarios (hijos menores de 18 años) el saldo de la cuenta se entregará en su totalidad a los herederos legales del afiliado.
Esto es sólo un ejemplo. Las posibilidades de fraude son inmensas pues la mentalidad criminal de cuello blanco (o negro) es muy creativa para descubrir nuevos métodos. Puede pensarse que esto es una utopía pero… el tiempo dirá.
Un proyecto de Seguridad Social, debió procurar un justo equilibrio entre los intereses envueltos, pero la ley parece haber sido redactada por las AFPs, con un paternalismo muy conveniente para ellas.
La pregunta es, ¿por cuál razón se puso el retiro forzoso como condición para pensionarse?, ¿por qué no podía el empleado al llegar a los 60 años recibir su pensión, como ingreso adicional si no quería retirarse de la vida laboral? La respuesta es sencilla: si la pensión se otorga sin retiro, los fondos son liberados y cesan las cotizaciones, mientras que en el sistema actual, para no quedarse "halando aire" el empleado debe seguir trabajando y cotizando hasta morirse.
Otra muestra de paternalismo interesado es la forma de pensión. No se permite, como en otros países, la opción del empleado de recibir la totalidad de su cuenta, de suerte que pueda iniciar un negocio propio, depositarlo a plazo fijo, certificados bancarios u otra forma de especulación. Se alega con maternal argumento que se quiere evitar que dilapide su futuro… y que el Fondo de Pensiones pierda ese dinero. Es decir, que obligatoriamente debe aceptarse una pensión en 324 cuotas mensuales. Esto facilita que el pensionado muera sin agotar su cuenta y el saldo pendiente quede represado en el Fondo de Pensiones.
Otro elemento de control de la cuenta de capitalización del afiliado ha sido no permitirle que señale un beneficiario en caso de muerte, como ocurre cuando se abre una cuenta en un banco. De esta manera, se coarta el derecho del afiliado de dejarle su dinero a quien le dé la gana, sea un amigo íntimo, un pariente o una organización caritativa. En un sistema que funciona en base a reclamaciones, es una amenaza que alguien sepa que es beneficiario de una cuenta que puede reclamar… y retirar esos fondos que se desean mantener secuestrados.
El sistema de Seguridad Social de la República Dominicana podría calificarse como La Danza de los Millones… miles de millones por doquier. Su supervisión está a cargo de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) mantenida con el 0.1% de los aportes de los cotizantes.
Al 31 de diciembre del 2006 el SIPEN ha manejado la generosa suma de RD$317.7 millones
Con estos recursos el SIPEN se mandó a reconstruir un edificio, ricamente decorado en el marco de la mayor suntuosidad y, claro está, con jugosísimos salarios. Un opulento montaje para velar por lo que bien pudieran ser pensiones miserables, como lo señala el informe del Banco Mundial cuando dice que:
"El fantasma de una vejez sumida en la miseria se cierne sobre millones de personas que, de seguir operando el actual régimen previsional, se verán enfrentadas a vivir en la extrema pobreza en su ancianidad".
El problema principal es que la ley de Seguridad Social es ignorada en sus alcances por las generaciones de jóvenes trabajadores que no están pensando en el futuro, porque están más preocupados por las necesidades inmediatas.
Es una pena que el trabajador dominicano, en su conjunto, desconozca el informe del Banco Mundial cuando dice que:
"El sistema de capitalización individual con aportes obligatorios no está ofreciendo los beneficios que se ofrecían a los afiliados… debería ser eliminado gradualmente".
Hasta aquí nuestra advertencia a la que posiblemente pocos prestarán atención, por ahora. Pero una cosa es segura: "cuando saquen al muerto es cuando se van a oír los gritos".
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lunes, 2 de abril de 2007
IAD y sus terrenos en zonas turísticas
Podrá Quilvio Cabrera con los Poderosos
Es el momento para iniciar este proceso
Tiene el suficiente apoyo estatal para esta tarea
Tienes el IAD proyectos para la inversión de estos recursos.
Verón, Higüey. El director del Instituto Agrario Dominicano (IAD) aseguró que ese organismo recuperará miles de tareas que pertenecen al Estado y que están en manos de particulares en esta zona, muchas de las cuales se encuentran en puntos turísticos y en áreas de minas.
Quilvio Cabrera dijo que esos terrenos tienen un valor en miles de millones de dólares y que fueron obtenidos por personas utilizando mecanismos que desde el punto de vista legal podrían tener serios cuestionamientos.
Explicó que para tales fines el IAD inició en Higüey un proceso de investigación en el que se determinará la procedencia y la legitimidad de los títulos por medio de los cuales particulares se han apoderado de más de 200 mil tareas pertenecientes al IAD.
El director de la entidad se trasladó hasta Higüey junto a una comisión que trabaja en la medición, verificación e investigación general del estatus legal de algunos terrenos, especialmente en la parcela 67-B del Distrito Catastral número once tercera parte, del municipio de Higüey, la cual tiene una extensión aproximada de 262 mil tareas.
“El IAD tiene la firme decisión de recuperar esos terrenos que son de su propiedad, luego de realizar las investigaciones correspondientes.
Aseguró que el organismo tiene la voluntad y el firme compromiso de esclarecer y corregir esta situación donde se ha estafado al Estado con millones de dólares”, precisó Cabrera.
Nota:
De resultar fidedigna las informaciones ofrecidas por mi amigo Quilvio Cabrera, luego de las investigaciones que dice ordenó, el IAD se podría bien capitalizar y con los recursos de las ventas de estas tierra destinar una parte a preparar a los parceleros de Reforma Agraria a cambiar de cultivo y poder ser competitivo en productos que solo se pueden producir en Republica Dominicana.
Habría que esperar que estas investigaciones no sean comprada por los poderosos, y creo que el director debe ordenar más de una comisión, inter-dependiente una de otra, para evitar la compra de empleados por grandes empresarios de la zona, donde se han hecho millonarios unos cuantos vendiendo la tierra del Estado.
Por ejemplo, la zona donde siembran arroz, dedicarla a la siembra de frutas, vegetales, productos no tradicionales, que son los unicos productos donde los domincianos podemos competir con los Estados Unidos y los paices centroamericano y abrir aun mas el comercio con los paises que conforman la Union Europea.
Adelante Quilvio, lo único que te encontrara muchas barreras, pero únete a los dirigentes campesinos, toma el poder el presidente y reúnete con los que tienen que ver con esos terrenos.
No dudo de la veracidad de la informacion, Quilvio tiene mucho conocimientos desde que fue nombrado sub-director del IAD, luego Director, pero han tardado mucho, no es que se la quiten, pero que paguen el precio del mercadio por los terrenos que son propiedad de todos los dominicanos y que inviertan en la zona para mejorar la condiciones de vida de esa gentes que viven en miseria.
Es el momento para iniciar este proceso
Tiene el suficiente apoyo estatal para esta tarea
Tienes el IAD proyectos para la inversión de estos recursos.
Verón, Higüey. El director del Instituto Agrario Dominicano (IAD) aseguró que ese organismo recuperará miles de tareas que pertenecen al Estado y que están en manos de particulares en esta zona, muchas de las cuales se encuentran en puntos turísticos y en áreas de minas.
Quilvio Cabrera dijo que esos terrenos tienen un valor en miles de millones de dólares y que fueron obtenidos por personas utilizando mecanismos que desde el punto de vista legal podrían tener serios cuestionamientos.
Explicó que para tales fines el IAD inició en Higüey un proceso de investigación en el que se determinará la procedencia y la legitimidad de los títulos por medio de los cuales particulares se han apoderado de más de 200 mil tareas pertenecientes al IAD.
El director de la entidad se trasladó hasta Higüey junto a una comisión que trabaja en la medición, verificación e investigación general del estatus legal de algunos terrenos, especialmente en la parcela 67-B del Distrito Catastral número once tercera parte, del municipio de Higüey, la cual tiene una extensión aproximada de 262 mil tareas.
“El IAD tiene la firme decisión de recuperar esos terrenos que son de su propiedad, luego de realizar las investigaciones correspondientes.
Aseguró que el organismo tiene la voluntad y el firme compromiso de esclarecer y corregir esta situación donde se ha estafado al Estado con millones de dólares”, precisó Cabrera.
Nota:
De resultar fidedigna las informaciones ofrecidas por mi amigo Quilvio Cabrera, luego de las investigaciones que dice ordenó, el IAD se podría bien capitalizar y con los recursos de las ventas de estas tierra destinar una parte a preparar a los parceleros de Reforma Agraria a cambiar de cultivo y poder ser competitivo en productos que solo se pueden producir en Republica Dominicana.
Habría que esperar que estas investigaciones no sean comprada por los poderosos, y creo que el director debe ordenar más de una comisión, inter-dependiente una de otra, para evitar la compra de empleados por grandes empresarios de la zona, donde se han hecho millonarios unos cuantos vendiendo la tierra del Estado.
Por ejemplo, la zona donde siembran arroz, dedicarla a la siembra de frutas, vegetales, productos no tradicionales, que son los unicos productos donde los domincianos podemos competir con los Estados Unidos y los paices centroamericano y abrir aun mas el comercio con los paises que conforman la Union Europea.
Adelante Quilvio, lo único que te encontrara muchas barreras, pero únete a los dirigentes campesinos, toma el poder el presidente y reúnete con los que tienen que ver con esos terrenos.
No dudo de la veracidad de la informacion, Quilvio tiene mucho conocimientos desde que fue nombrado sub-director del IAD, luego Director, pero han tardado mucho, no es que se la quiten, pero que paguen el precio del mercadio por los terrenos que son propiedad de todos los dominicanos y que inviertan en la zona para mejorar la condiciones de vida de esa gentes que viven en miseria.
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